Empresarios del juego se plantan y presionan a Vidal

El Ministerio de Economía analiza llevar la alícuota del 12 al 19 por ciento, lo que encendió una luz de alerta en los 46 bingos bonaerenses.

A principios de febrero, los principales empresarios del juego que actúan en territorio bonaerense se reunieron en secreto y definieron tomar revancha de lo que consideran una “traición” de María Eugenia Vidal por el aumento de la presión impositiva para ese sector.

Las versiones indican que los bingueros bonaerenses habrían sido fuertes aportantes de Cambiemos, sobre todo en la operación mediática en contra de Aníbal Fernández, candidato del oficialismo a quien se lo vinculó mediáticamente con el narcotráfico durante toda la campaña, aunque nunca hubo avances reales en la Justicia por esas causas.

“Lo de la morsa y todo el despelote que armó el gordo (JorgeLanata fue financiado con dinero que salió de los bingos, en algunos casos se llevaban hasta el 10 por ciento de la recaudación”, confió a NOVA un binguero del interior bonaerense.

Tras la reunión en la que habrían participado entre otros Daniel Mautone, representantes de Codere, Cristóbal López y Daniel Angelici, la decisión fue utilizar los contactos mediáticos y judiciales para presionar a “Heidi” como denominaron a la mandataria durante el encuentro.

Ya en 2016 el gobierno debió dar marcha atrás con una suba en la alícuota de ingresos brutos para las casas de juego del territorio bonaerense y en el presupuesto de este año tampoco se proyectó originalmente una suba, lo que generó fuerte rechazo de sectores de la oposición que criticaron las actualización de otros tributos provinciales para no aumentar la presión tributaria en bingos y casinos.

Nuevamente Vidal debió dar marcha atrás y ahora el equipo económico que conduce Hernán Lacunza analiza llevar la alícuota del 12 al 19 por ciento, lo que encendió una luz de alerta en los 46 bingos que tiene la Provincia.

Ahora los empresarios pretenden marcarle la cancha al gobierno provincial y con Angelici a la cabeza comenzarán a mover las fichas en el tablero judicial y a utilizar el poder de algunos medios como los que administra Cristóbal López para hacerse notar.

El próximo 21 de marzo, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, deberá declarar ante el juez Sebastián Ramos, en la causa en la que está siendo investigado por haber promovido juicio político contra el juez Alfredo Barbarosch, quien investigaba al empresario Raúl Moneta.

Ramos es un juez que responde políticamente al presidente de Boca, que es a su vez el principal operador judicial de Mauricio Macri, denunciado incluso por la diputada Elisa Carrió por su capacidad de lobby en tribunales.

Ritondo forma parte de la trama porque los empresarios entienden que a esta altura es uno de los eslabones más débiles de la cadena de mando del gobierno provincial, lo consideran una especie de puching ball al que se le puede pegar hasta el cansancio o hasta que Vidal lo haga dar un paso al costado.

Autor cesar
Tags

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *